22 febrero, 2024

Clausuran hotel; obligaban a mujeres a ejercer el sexo servicio, rescatan a dos féminas

Por Agencias

Ciudad de México, 13 marzo de 2022.-  Pese a que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina desde el viernes 4 del presente mes aseguró precautoriamente un hotel, donde rescató a dos presuntas víctimas del delito de trata, la Alcaldía Venustiano Carranza procedió a suspender actividades del mismo local cinco días después.

A través de una tarjeta informativa, dicha Alcaldía difundió que como consecuencia de los hechos ocurridos la citada fecha, en el hotel “Río Miño”, ubicado en el número 28 de Miguel Domínguez, colonia Ampliación Penitenciaría, procedió a verificar el negocio.

Sin embargo, aceptó la autoridad, “al acudir al lugar nadie atendió al personal de verificación, por lo que desde el exterior se procedió a colocar los sellos de suspensión de actividades”.

Además, informó la Alcaldía Venustiano Carranza, las documentales integradas en la diligencia de verificación, serán remitidas a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la propia demarcación, para su estudio y calificación, con base en el artículo 14, fracción IV del Reglamento de Verificación.

La situación es que la verificación ocurrió cinco días después, de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ejecutó una orden de cateo en dicho inmueble, con base en una carpeta de investigación iniciada por el delito de trata de personas.

La propia Fiscalía, como lo reconoció la Alcaldía Venustiano Carranza, a través de las redes sociales difundió los hechos, ocurridos el viernes 4 de marzo, lo cual también los informaron diversos medios de comunicación.

La FGJ informó que como resultado del operativo, rescataron a dos mujeres que, presuntamente, eran obligadas a ejercer el sexo servicio, aunque no estableció la autoridad si capturaron a alguna persona.

De allí que cuando llegaron los verificadores de la citada Alcaldía, a nadie encontraron, por lo que procedieron a cumplir con lo que establece la norma, como es colocar la suspensión de actividades, cuando el inmueble ya estaba –y está—asegurado por el Ministerio Público.

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